El herbicida glifosato, al igual que todos los productos fitosanitarios que se comercializan en el país, cuenta con la autorización del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Para ello, se presentaron estudios toxicológicos y ecotoxicológicos sumamente rigurosos, bajo los términos establecidos por la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El glifosato tiene una amplia difusión mun-dial, ya que más de 130 países lo utilizan, al igual que el nuestro, desde hace más de tres décadas. Se trata de un producto fitosanitario categorizado como de “banda verde”, es decir, de “baja toxicidad”.

Por supuesto que “baja toxicidad” no quiere decir “inocuo”. Como todos los productos fitosanitarios, el glifosato debe ser aplicado responsablemente, respetando las instrucciones que figuran en su marbete. Es decir, sin excederse de la dosis recomendada; respetando los períodos de carencia ante-riores a la cosecha; las distancias entre sembradío y población; y evitando la deriva gene-rada por el viento en caso de aplicación aérea.

Las entidades que nuclean a la industria agroquímica (CASAFE) y de semillas (ASA) difunden y promueven el cumplimiento de estas buenas prácticas agrícolas. Demás está decir que los productores que no respeten estas instrucciones deben ser castigados, tal como se castiga a quienes infringen cualquier otra regla establecida para proteger la salud.

No hace falta decir en voz baja que existe una campaña orquestada contra el glifosato. Se invocó contra su uso un supuesto estudio del CONICET que dicha entidad no reconoció como propio. Una ONG presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidiendo la prohibición del producto.

Hasta el Ministerio de Defensa prohibió la siembra de soja transgénica en las unidades militares próximas a zonas urbanas y suburbanas, invocando el uso del glifosato. Esta decisión estatal es torpe y poco seria. El Ministerio de Defensa no es una autoridad en materia de agricultura, y no puede ignrorar la postura del organismo especializado, que es el SENASA.

Cuando desde el Estado se difunde información ambiental imprimiéndole un sesgo parcial, o intencionalmente incompleto o desactualizado, cabe hablar de desviación de poder.

El Estado debe abstenerse de alarmar de manera exagerada o tendenciosa a la comunidad. La difusión de información técnica y científica exige aplomo y adecuada interpretación. De lo contrario, genera una usina de percepciones y temores, frecuentemente irracionales.

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